Un consumidor que haya suscrito un préstamo denominado en moneda extranjera, y que ignore el carácter abusivo de una cláusula incluida en el contrato de préstamo, no puede ser expuesto a ningún plazo de prescripción para obtener la devolución de las cantidades abonadas sobre la base de dicha cláusula. La información facilitada por el prestamista al consumidor sobre la existencia del riesgo de tipo de cambio no cumple la exigencia de transparencia si se basa en el supuesto de que la paridad entre la moneda de cuenta y la moneda de pago permanecerá estable durante toda la vida del contrato.
Préstamos asociados a las fluctuaciones
En 2008 y 2009, unos consumidores suscribieron con el banco BNP Paribas Personal Finance unos contratos de préstamo hipotecario denominado en francos suizos (CHF) y reembolsable en euros, para financiar la compra de bienes inmuebles o participaciones en sociedades inmobiliarias. Debido a las características de esos préstamos, su suscripción implicaba un riesgo de tipo de cambio asociado a las fluctuaciones de la cotización del euro frente al CHF. Aunque la existencia de ese riesgo no se mencionaba de manera expresa en los contratos de préstamo, de ellos se desprendía no obstante indirectamente que dicho riesgo les era inherente y recae sobre el consumidor.
Como consecuencia de dificultades que los consumidores encontraron para pagar las cuotas mensuales, se incoaron unos procedimientos judiciales ante el tribunal d’instance de Lagny-surMarne (Tribunal de Distrito de Lagny-sur-Marne, Francia) y el tribunal de grande instance de París (Tribunal de Primera Instancia de París, Francia), respectivamente. Estos tribunales deben examinar si las cláusulas de los contratos de préstamo anteriormente mencionados, que expusieron a los consumidores a un riesgo de tipo de cambio ilimitado, deben considerarse abusivas a la luz de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos de consumo y, por ello, no vinculantes para los prestatarios. En este contexto, el tribunal d’instance de Lagny-surMarne y el tribunal de grande instance de Paris plantearon al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la Directiva.
Sin plazo de prescripción, con redacción incomprensible y sin transparencia
El Tribunal de Justicia mediante sus sentencias ( C-609/19 y C-776/19 a C 782/19), en primer lugar, recuerda que las cláusulas abusivas que figuran en un contrato de consumo no vinculan al consumidor y que debe considerarse que nunca han existido, de modo que no pueden tener efectos en su situación de hecho y de Derecho.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia considera que una acción ejercitada por el consumidor para que se declare el carácter abusivo de una cláusula incluida en ese tipo de contrato no puede estar sujeta a ningún plazo de prescripción.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia señala que corresponde a los tribunales remitentes apreciar si las cláusulas controvertidas determinan un elemento esencial que caracteriza los contratos de préstamo en cuestión y constituyen el objeto principal de estos. En tal supuesto, la Directiva únicamente permite examinar su carácter abusivo si no están redactadas de forma clara y comprensible.
Además, y en tercer lugar, el Tribunal de Justicia declara que no cumple la exigencia de transparencia la comunicación por el profesional al consumidor, cuando se celebra el contrato, de información, aunque sea abundante, si esta se basa en el supuesto de que la paridad entre la moneda de cuenta y la moneda de pago permanecerá estable durante toda la vida del contrato. Así sucede, en particular, cuando el profesional no advierte al consumidor del contexto económico que puede repercutir en las variaciones de los tipos de cambio.
Por último, el Tribunal de Justicia considera que dichas cláusulas pueden dar lugar a un desequilibrio importante, en detrimento del consumidor, entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato de préstamo. En la medida en que el profesional no ha observado la exigencia de transparencia frente al consumidor, parece que dichas cláusulas hacen recaer sobre este un riesgo desproporcionado en relación con las prestaciones y el importe del préstamo recibidos, puesto que su aplicación tiene como consecuencia que el consumidor deba asumir en último término el coste de la evolución de los tipos de cambio.
