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El Tribunal Constitucional ha estimado por mayoría la cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por el Pleno respecto a los incisos “por inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa” del art. 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por vulneración de los arts. 14 y 24.2de la Constitución.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, señala que “circunscribir el ámbito aplicativo del art. 294 de la LOPJ a la inexistencia objetiva del hecho establece una diferencia de trato injustificada y desproporcionada respecto de los inocentes absueltos por no ser autores del hecho al tiempo que menoscaba el derecho a la presunción de inocencia al excluir al absuelto por falta de prueba de la existencia objetiva del hecho”.

El Tribunal, que recoge la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las SSTC 8 y 10/2017, considera que los incisos del art. 294.1 de la LOPJ “por inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa” reducen el derecho a ser compensado por haber padecido una prisión provisional acordada conforme a las exigencias constitucionales y legales en un proceso que no concluyó en condena de forma incompatible con los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia.

En consecuencia, la redacción final del art. 294.1 LOPJ, una vez excluidos los incisos declarados inconstitucionales y nulos, es la siguiente: “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”.

Una interpretación literal del precepto así depurado permitiría ciertamente sostener que la prisión provisional daría lugar a una indemnización por los perjuicios irrogados de modo automático y en todos los casos. Sin embargo, advierte el Tribunal que “los presupuestos y el alcance de la indemnización prevista en el art. 294.1 LOPJ habrán de acotarse a través de la eventual intervención legislativa y, en su ausencia, mediante las interpretaciones congruentes con su finalidad y la teoría general de la responsabilidad civil que realicen la Administración y, en último término, los órganos judiciales”.

Por tanto, “la doctrina de esta sentencia no sólo respeta los amplios márgenes de configuración legislativa o de interpretación judicial en lo que afecta al quantum indemnizatorio, sino que tampoco impide rechazar que exista en el caso concreto derecho a indemnización en virtud de la aplicación de criterios propios del Derecho general de daños”.

El principio de seguridad jurídica también reclama que “esta declaración de inconstitucionalidad sólo sea eficaz en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme”, explica la sentencia. En definitiva, el Tribunal concluye afirmando que “esta sentencia no permite revisar procesos fenecidos ni reabrir los plazos para formular reclamaciones indemnizatorias”.

Los juicios rápidos en materia de seguridad vial son procedimientos especiales que se aplican a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía.

Procedimiento de juicio rápido en materia de seguridad vial

La Ley de Enjuicimiento Criminal regula en los arts. 795 a 803 , y dentro del marco de los procedimientos especiales, el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos.

El art. 795 de la LECrim , dentro del marco de los procedimientos especiales, establece que el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (y sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales), se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía.

Pero para que ello sea posible, es preciso que el proceso penal se incoe en virtud de unatestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial y que, además, concurra alguna de las circunstancias previstas para ello.

Entre esas circunstancias se encuentra, en el art. 795.1.2ª. e) de la LECrim , que se trate de delitos contra la seguridad del tráfico.

Por ello, y en tanto que se cumplan con los requisitos expuestos, el procedimiento por el que, de ordinario, se tramitaran los delitos contra la seguridad vial será el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (comúnmente denominados "juicios rápidos").

Actuaciones de la Policía Judicial en los juicios rápidos en materia de seguridad vial

El art. 796.1 de la LECrim establece que la Policía Judicial deberá practicar en el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, las siguientes diligencias:

Informe médico y, en su caso, reconocimento forense,
Informará al detenido o investigado de su derecho a comparecer ante el Juzgadoasistido de abogado y, en su caso, recabará del Colegio de Abogados la designación de un letrado de oficio.
Citará al investigado no detenido para comparecer en el Juzgado de guardia en el día y hora que se le señale, cuando no se haya procedido a su detención, y le apercibirá de las consecuencias de no comparecer a la citación policial ante el Juzgado de guardia.
Por mucho que nos encontremos en un juicio rápido la diligencia de citación del denunciado no es un mero trámite formulario, sino que debe reunir unas garantías legalmente previstas como requisitos inexcusables ( arts. 967 , 964 , 3 y 962 de laLECrim ) cuya falta determina clara indefensión, dado que el imputado tiene que conocer previamente al acto del juicio todos aquellos derechos que le asisten, tanto de asistencia letrada como de aportación de prueba, manifestaciones todas ellas de su fundamental derecho de defensa. Así pues, una vez solicitada la nulidad por defecto de forma de la citación causante de indefensión y por falta de citación de un testigo que el propio Juzgado acordó citar - ha de pensarse lógicamente que ello fue por considerar su declaración necesaria como prueba de los hechos- no puede sino acogerse lo pretendido en el recurso y decretar la nulidad del juicio y de la sentencia, pues de lo obrante en autos no puede apreciarse justificado que se cumpliera en la citación del recurrente los requisitos legalmente previstos (Cfr. Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 9 de febrero de 2007, recuro 173/2006 [j 1]).

Citará también a los testigos para que comparezcan en el juzgado de guardia en el día y hora que se les indique, apercibiéndoles de las consecuencias de no comparecer a la citación policial en el juzgado de guardia.
Citará a las entidades aseguradoras.
Remitirá al Instituto de Toxicología, al Instituto de Medicina Legal o al laboratorio correspondiente las sustancias aprehendidas cuyo análisis resulte pertinente.
Practicará las pruebas de alcoholemia y de drogas conforme a lo establecido en la legislación de seguridad vial.
Las pruebas para detectar la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los conductores de vehículos a motor y ciclomotores serán realizadas por agentes de la policía judicial de tráfico con formación específica y sujeción, asimismo, a lo previsto en las normas de seguridad vial. Cuando el test indiciario salival, al que obligatoriamente deberá someterse el conductor, arroje un resultado positivo o el conductor presente signos de haber consumido las sustancias referidas, estará obligado a facilitar saliva en cantidad suficiente, que será analizada en laboratorios homologados, garantizándose la cadena de custodia.

Actuaciones del Juzgado de guardia en los juicios rápidos en materia de seguridad vial

Diligencias urgentes

Recibido el atestado policial , el Juzgado de Guardia incoará (si procede) diligencias urgentes . Contra este auto no cabrá recurso alguno.

El art. 797.1 de la LECrim establece que el Juzgado de Guardia, con la participación activa del Ministerio Fiscal, deberá practicar en el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, las siguientes diligencias:

Antecedentes penales: recabará por el medio más rápido los antecedentes penales del detenido o persona investigada.
Informes: recabará los informes que resulten necesarios para la calificación jurídica de los hechos investigados.
Detenido o investigado: tomará declaración al detenido puesto a disposición judicial o a la persona que, resultando investigada por los términos del atestado, haya comparecido a la citación policial.
Ante la falta de comparecencia del investigado a la citación policial ante el Juzgado de guardia, podrá convertir la orden comparecencia en orden de detención ( art. 487 de laLECrim ).

Testigos: tomará declaración a los testigos citados por la Policía Judicial que hayan comparecido.
Ante la falta de comparecencia de cualquier testigo a la citación policial ante el Juzgado de guardia, podrá imponerle una multa de hasta 5.000 euros y ser conducido a su presencia.

Ofendido y perjudicados: les informará de sus derechos.
Ordenará la práctica de cualquier diligencia pertinente que pueda llevarse a cabo en el acto o dentro del plazo de 24 horas o, en su caso, de 72 horas en aquellos partidos judiciales en que el servicio de guardia no sea permanente y tenga una duración superior a veinticuatro horas.
Tras la práctica de las diligencias urgentes, el art. 798.2 de la LECrim dispone que el Juez de guardia dictará resolución con alguno de estos contenidos:

En el caso de que considere suficientes las diligencias practicadas, dictará auto en forma oral, que deberá documentarse y no será susceptible de recurso alguno, ordenando seguir el procedimiento (juicio rápido).
En el caso de que considere que el hecho es constitutivo de delito leve, procederá a su enjuiciamiento inmediato conforme a lo previsto en el procedimiento para el juicio sobre delitos leves ( arts. 962 a 982 de la LECrim ).
En el caso de que considere insuficientes las diligencias practicadas, ordenará que el procedimiento continúe como diligencias previas del procedimiento abreviado. El Juez deberá señalar motivadamente cuáles son las diligencias cuya práctica resulta necesaria para concluir la instrucción de la causa o las circunstancias que lo hacen imposible.
 

La norma traspone a nuestro ordenamiento la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, y pretende, en su cometido de regular el acceso al crédito hipotecario, recuperar la confianza de los prestatarios potenciando la seguridad jurídica, la transparencia y comprensión de los contratos y de las cláusulas que los componen, así como el justo equilibrio de las partes.

Entre sus novedades más destacadas se incluye la prohibición de las ventas vinculadas, la atribución a los notarios de funciones de asesoramiento o los límites en las políticas retributivas del personal que comercializa los préstamos hipotecarios.

Objetivos

La nueva Ley traspone a nuestro ordenamiento la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial.

Su objetivo último es reforzar las garantías para los prestatarios en el proceso de contratación y evitar la ejecución de este tipo de préstamos en vía judicial con la consiguiente pérdida de la vivienda.

Además, la Ley contribuye a la implantación de un mercado único europeo más transparente, competitivo y homogéneo, con contratos de crédito que afecten a bienes inmuebles más equitativos y que aseguren un elevado nivel de protección de las personas físicas que obtienen financiación.

Contexto normativo

La Sentencia del TJUE de 10 de septiembre de 2014, asunto C-34/13, reconoce el derecho fundamental a la vivienda.

La Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, reconoce la responsabilidad en la crisis financiera de los participantes en la concesión y contratación de préstamos, cuyo comportamiento socava sus cimientos y ha traído consigo graves consecuencias sociales y económicas.

Además, la asimétrica posición en la relación contractual de prestamista y prestatario, y que no se salva por el simple hecho de proporcionar al cliente información y advertencias, determina la exigencia al profesional de actuar hacia el prestatario con un plus de responsabilidad.

Por ello, la Directiva establece un régimen específico de protección de las personas consumidoras que tengan la condición de prestatarios, garantes o titulares de garantías en préstamos o créditos garantizados mediante hipoteca sobre bienes inmuebles de uso residencial, cuya finalidad sea su adquisición.

El objeto de la normativa europea es la protección de los consumidores, entiendo por tales las personas físicas que no actúan en el ámbito de su actividad profesional o empresarial. Sin embargo, también permite que los Estados miembros adopten disposiciones más estrictas en la materia así como ampliar el ámbito de aplicación a no consumidores.

Novedades introducidas

* Se extiende el ámbito de aplicación de la norma a todas las personas físicas, con independencia de que sean o no consumidores. Ello permite la protección de colectivos como los trabajadores autónomos.

* Se establecen normas de transparencia y de conducta que imponen obligaciones a los prestamistas e intermediarios de crédito.

* Se regula detalladamente la fase precontractual, estableciéndose estipulaciones destinadas a garantizar que el prestatario tenga a su disposición la información necesaria para que pueda comprender en su integridad la carga económica y jurídica del préstamo y se pueda así considerar cumplido el principio de transparencia en su vertiente material.

Durante los diez días naturales previos a la firma del contrato, el prestatario deberá ser informado de su contenido y de la existencia de cláusulas potencialmente abusivas.

Respecto a esta fase precontractual, se atribuye al notario la función de asesorar imparcialmente al prestatario, aclarando las dudas que le pudiera suscitar el contrato, y de comprobar los plazos y requisitos que permiten considerar cumplido el principio de transparencia material.

Ello constituirá prueba en beneficio de ambas partes de que el prestamista ha cumplido su obligación de entregar en los plazos previstos la documentación, y el prestatario podrá ejercer su derecho a conocer las consecuencias de aquello a lo que se obliga.

Las innovaciones en la fase precontractual derivadas de la nueva norma, no serán de aplicación a la cartera hipotecaria concedida.

* Se establecen normas de conducta que prestamistas, intermediarios de crédito inmobiliario y representantes designados deberán cumplir en el proceso de elaboración, promoción, comercialización y contratación de préstamos inmobiliarios, entre ellas, las siguientes:

1) El personal que evalúa la solvencia y comercializa los préstamos deberá cumplir con determinados requisitos de capacitación que aseguren que el prestatario recibe una información adecuada y ajustada a sus necesidades.

2) Se prohíben las ventas vinculadas, es decir, las ventas de paquetes integrados por el préstamo y otros productos cuando el contrato de préstamo no se ofrezca también por separado.

3) Se imponen límites a la política retributiva del personal de los prestamistas y los asesores, evitando incentivos que favorezcan una contratación excesiva en detrimento de una adecuada valoración del riesgo y de la provisión de la necesaria información al cliente.

Se establece, en particular, que el volumen de préstamos contratados no podrá ser el factor predominante a la hora de retribuir al personal.

4) Se limita la actividad de asesoramiento que, con excepciones, sólo podrá prestarse por los intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios.

Para ellos se establecen, asimismo, reglas que aseguran la provisión de recomendaciones claras, objetivas y adaptadas al cliente.

El precario es una situación especial: en sentido amplio, es comprensivo de toda situación de posesión concedida o tolerada, posesión sin título o con título ineficaz del poseedor; el precarista no paga canon ni merced a su legítimo dueño.

Concepto
Ha sido la Jurisprudencia la que ha elaborado fundamentalmente la doctrina del precario, sea con base al art. 444 del Código Civil (CC) (poseedor sin título) o con base al art. 1750, CC (especie de comodato).

La Resolución de la DGRN de 15 de julio de 2011 [j 1] ya menciona que hay situaciones (como la concesión del derecho de uso sobre el inmueble, a título gratuito, para ser utilizado por el que lo adquiere sin pactar el plazo de duración ni el uso concreto y determinado a que haya de destinarse el bien cedido) en que estamos ante una modalidad de comodato (denominado por la doctrina y algunas sentencias del Tribunal Supremo comodato-precario según el art. 1750, CC) o se trata de una figura incardinable en el concepto de precario en sentido amplio, comprensivo de toda situación de posesión concedida o tolerada, posesión sin título o con título ineficaz.

La Sentencia nº 134/2017 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 28 de Febrero de 2017 [j 2] recuerda que esta sala ha definido el precario como «una situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos hallemos en la tenencia del mismo y por tanto la falta de título que justifique el goce de la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndola tenido se pierda o también porque nos otorgue una situación de preferencia, respecto a un poseedor de peor derecho.» Por tanto, si la cuestión que se ventila no es meramente posesoria sino que afecta a la titularidad dominical, queda descartada la situación de precario.

Clases
En realidad como ya expresó ROCA SASTRE, los casos que la Jurisprudencia y doctrina han considerado como "precario" se refieren a posesión concedida, posesión tolerada y posesión sin título.

Posesión concedida: sería el caso en que se formaliza, en una escritura o documento privado, un precario; en efecto, aunque se define el precario, muchas veces, como el uso sin título y por ello parezca un contrasentido hablar de ?formalizar? lo que parece implicar conceder un título, en realidad puede ser oportuno que una situación real de precario conste en escritura pública; en este caso la doctrina entiende que estamos ante una variedad del comodato recogido en el art. 1750 CC en el que, por no estar fijado el plazo de duración, quedaría en manos del comodante la terminación del uso cedido (véase, en este sentido, la SAP Madrid de 14 de abril de 2010). [j 3]Esta concesión es graciosa, pero es concesión, lo que en cierta manera legitima al poseedor favorecido en su posesión (no es usurpador ni poseedor de mala fe), aunque sea posesión precaria.
Posesión tolerada: nos encontraremos normalmente ante una situación de hecho y el dueño tiene dos alternativas: rechazar tal posesión, recuperándole de inmediato, o tolerarla, queriendo que conste que estamos ante una posesión sin título y sin el cobro de merced alguna; para estos casos también es oportuna una escritura que nos sitúe en la realidad, para evitar problemas de futuro: en ella el precarista reconoce su situación y el dueño la tolera y en su caso la regula.
Posesión sin titulo: engloba los supuestos de poseedores completamente carentes de título y los de quienes tuvieron título para poseer, pero éste hubiere perdido su eficacia con posterioridad (SAP Huelva 9 de febrero de 2005); [j 4] en estos casos, el dueño puede exigir al precarista que le reconozca sin más esta situación, y el camino sería un Acta otorgada por dicho poseedor, sin concurrencia del dueño ya que concurra el dueño no añade nada a la situación.
Regulación
Si se trata de un contrato de comodato (precario en sentido amplio) como dice la Sentencia nº 178/2011 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 18 de Marzo de 2011, [j 5] los conflictos que puedan surgir en torno al uso, deberán resolverse conforme a las normas reguladoras de ese negocio jurídico. Sin embargo, y para el caso de que no resulte acreditado, se debe concluir que la situación jurídica analizada es característica de la figura de un precario.

Pero si estamos ante el simple precario, no hay negocio jurídico; se trata de una simple detentación posesoria que puede hacerse cesar por el dueño en cualquier momento.

Precario de inmuebles
Tratándose de inmuebles, ninguna de esta situaciones es inscribible en el Registro de la Propiedad:

Si se tratara del denominado comodato-precario, tendría vedada su inscripción, por ser un derecho personal no asegurado especialmente (art. 98 de la Ley Hipotecaria) (LH).
Si se tratara del mero o simple hecho de poseer por obra y gracia de una concesión del propietario, no cabe la inscripción, porque según el art. 5 LH no son inscribibles los títulos relativos al mero o simple hecho de poseer.
Prueba del pago de canon o merced
La situación de precario no cesa por el hecho de que sea consentida durante cierto tiempo por el propietario; según indica la Sentencia nº 581/2017 de TS, Sala 1ª, de lo CivilL, 26 de octubre de 2017, [j 6] la carga sobre alegación y justificación del título posesorio corresponde al poseedor no propietario; así, por ejemplo, si se discute si estamos ante un precario o un arrendamiento, el arrendatario debe justificar el pago de la renta estipulada, pues, sin renta, no existe arrendamiento y la posesión queda injustificada.

Temas de interés
Son puntos a considerar los siguientes:

Que un poseedor con título puede continuar poseyendo como precarista. Ej. acabado el arrendamiento, sin derecho a prórroga alguna, el arrendatario aún continua; el propietario ha vendido la casa y otorgada escritura (tradición instrumental) continúa ocupando la casa.
Que deben rechazase los casos de fraude, como los precarios que encubran arrendamientos que se desea no duren los plazos mínimos legales.
En todo caso, para que haya precario, es fundamental que no haya el pago de canon o merced,lo que es distinto del caso de que el precarista pague determinados gastos en compensación a la utilización (ej. hijo que vive en un Piso de sus padres y paga la contribución y los consumos). En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2012 [j 7] decide:
No constituyen merced que desvirtúe el precario ciertos pagos o gastos que haga el ocupante de la finca si no fueron aceptados por el dueño en concepto de contraprestación y mucho menos si no son periódicos y equiparables al pago comúnmente usual del alquiler.
Señala la Sentencia nº 232/2015 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 29 de Abril de 2015 [j 8] en un caso en que se cedió a precario un local y después se reclamó su posesión, que no procede cobrar una indemnización por mantener una conducta en contra de la voluntad del propietario, ni por haber pagado los gastos de mantenimiento del local, ni por un hipotético incremento del valor del mismo derivado de dicha ocupación. Más aún, según dice la Sentencia nº 123/2018 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 7 de Marzo de 2018, [j 9] el derecho a la retención de la cosa únicamente puede reconocerse en el poseedor con título, es decir, en el poseedor civil, pero no en el precarista que carece de título, y goza sólo de la mera tenencia o posesión natural de la cosa y por tal motivo no puede retener ésta en su poder por los gastos que en la misma hubiere realizado, ni impedir el desahucio.
El problema actual más importante se plantea en los casos en que los padres ceden el uso de una vivienda a su hijo/a y consorte y los jóvenes esposos establecen allí su domicilio familiar, documentándose o no tal gratuita cesión; el problema se plantea en dos sentidos: No hay crisis matrimonial pero los padres reclaman que el hijo/a y consorte y descendientes de éstos, en su caso, dejen libre la vivienda, y El caso más conflictivo es la separación del matrimonio precarista y la atribución convencional o judicial de la vivienda a quien no es hijo del propietario; éste, ante tal situación, reclama recuperar la posesión de la vivienda: Hay Sentencias de las Audiencias Provinciales que hablan de situación de precario, aplicando lo dispuesto en el art. 1750, CC,mientras otras entienden que la cesión de la vivienda para constituir en ella el domicilio conyugal constituye un uso específico de carácter temporal, que impide la recuperación, salvo urgente necesidad, mientras ese uso se mantenga.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de abril de 1.998 [j 10] entendió correcto un Auto del Tribunal inferior por el que en una separación se libró mandamiento al Registro de la Propiedad para la anotación cautelar del derecho de uso sobre una vivienda que era propiedad del padre de uno de los cónyuges, ostentando éstos la condición de simples precaristas; en cambio, la Sentencia del T.S. de 31 de diciembre de 1994 [j 11] entendió que no cabe que los que ocupan una vivienda en precario puedan obtener una protección posesoria de vigor jurídico superior al que el hecho del precario proporciona a la familia; en definitiva, si se admitiera el atribuir a un cónyuge, el uso de la vivienda propiedad de otros familiares traería como consecuencia que desaparecieran muchas benéficas ayudas para proporcionar techo a seres queridos ante el temor de que una crisis familiar privara en parte el poder de disposición del dueño de la vivienda que ha cedido su uso a los cónyuges.

Y así tenemos ahora la importante Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2.008. [j 12] Se trata de la cesión de una vivienda por sus propietarios a un hijo y su esposa, para que constituya el hogar familiar; los cónyuges se separan y la Audiencia Provincial de Alicante atribuye el uso de la vivienda a la mujer; los titulares de la vivienda recurren al Tribunal Supremo y éste afirma tajantemente que aunque se tratara de comodato, que se caracteriza por la cesión gratuita de una cosa por un tiempo determinado o para un uso concreto... como ese uso era para constituir el hogar familiar, al haber una separación desaparece el derecho de la nuera a usarla, pasando a precario. En definitiva, fija como doctrina jurisprudencial la siguiente: la situación de quien ocupa una vivienda cedida sin contraprestación y sin fijación de plazo por su titular para ser utilizada por el cesionario y su familia como domicilio conyugal o familiar es la propia de un precarista, una vez rota la convivencia, con independencia de que le hubiera sido atribuido el derecho de uso y disfrute de la vivienda, como vivienda familiar, por resolución judicial.