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1)      El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula, salvo que las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos.

2)      El artículo 3, el artículo 4, apartado 2, y el artículo 5 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que las cláusulas contractuales incluidas en el concepto de «objeto principal del contrato» deben entenderse como las que regulan las prestaciones esenciales de ese contrato y que, como tales, lo caracterizan. En cambio, las cláusulas de carácter accesorio respecto de las que definen la esencia misma de la relación contractual no están incluidas en dicho concepto. El hecho de que una comisión de apertura esté incluida en el coste total de un préstamo hipotecario no implica que sea una prestación esencial de este. En cualquier caso, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro está obligado a controlar el carácter claro y comprensible de una cláusula contractual referida al objeto principal del contrato, con independencia de si el artículo 4, apartado 2, de esta Directiva ha sido transpuesto al ordenamiento jurídico de ese Estado.

3)      El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una cláusula de un contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y una entidad financiera que impone al consumidor el pago de una comisión de apertura puede causar en detrimento del consumidor, contrariamente a las exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato, cuando la entidad financiera no demuestre que esta comisión responde a servicios efectivamente prestados y gastos en los que haya incurrido, extremo cuya comprobación incumbe al órgano jurisdiccional remitente.

4)      El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que el ejercicio de la acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual abusiva quede sometido a un plazo de prescripción, siempre que ni el momento en que ese plazo comienza a correr ni su duración hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio del derecho del consumidor a solicitar tal restitución.

5)      El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, así como el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo, dado que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la

Directiva 93/13, a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales.

El art. 9.1.e), LPH modificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas dispone (por la parte vencida de la anualidad en curso y los tres años anteriores) que el crédito a favor de la Comunidad que tenga su origen en la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos generales, tiene la condición de preferente a efectos del art. 1923 del CC y preceden, para su satisfacción, a los citados en los números 3.º, 4.º y 5.º de dicho precepto, sin perjuicio de la preferencia establecida a favor de los créditos salariales en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, (léase ahora art. 31 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre).

Los créditos mencionados son:

«3º Los créditos hipotecarios y los refaccionarios, anotados e inscritos en el Registro de la Propiedad, sobre los bienes hipotecados o que hubiesen sido objeto de la refacción.

4º Los créditos preventivamente anotados en el Registro de la Propiedad, en virtud de mandamiento judicial, por embargos, secuestros o ejecución de sentencias, sobre los bienes anotados, y sólo en cuanto a créditos posteriores.

5º Los refaccionarios no anotados ni inscritos, sobre los inmuebles a que la refacción se refiera, y sólo respecto a otros créditos distintos de los expresados en los cuatro números anteriores.»

Se ha planteado por la doctrina cuál es la naturaleza jurídica de esta preferencia, y si tiene efectos reales o se trata de una preferencia de alcance personal aunque sea un crédito singularmente privilegiado. Al respecto, señala la Resolución de la DGRN de 22 de enero de 2013 [j 23] que

A veces se ha señalado que se trata de una hipoteca legal tácita respecto a la anualidad en curso y al año natural inmediatamente anterior(según la redacción anterior, hoy tres anualidades), tomando como cómputo hacia atrás el de la demanda. Pero, a efectos registrales, la configuración de la preferencia como hipoteca legal tácita requeriría un precepto legal que lo estableciera así, o bien una resolución judicial en la que siendo partes todos los interesados en esa configuración estableciera expresamente esa configuración o el carácter real de la preferencia y su constancia registral de modo expreso y claro.
Sin embargo, concluye que:

Cuando la preferencia tiene un carácter real, por tratarse de un derecho de tal trascendencia, entonces sí que podría dar lugar a una anteposición en el rango registral con la consiguiente postergación de derechos reales anteriores y a cancelación automática de los mismos como consecuencia de esa modificación de rango cuando se consume la ejecución y adjudicación. En cambio, si no se añade a la declaración de preferencia el aditamento de derecho real, que no resulta del artículo 9.1.e) LPH, ni tampoco en este caso de la sentencia y del auto aclaratorio, dicha preferencia no puede dar lugar a modificaciones del rango registral, ni a cancelaciones automáticas de los derechos reales que se pretenden postergar. El efecto natural de una declaración de preferencia del crédito en los términos del artículo 9.1.e), LPH sin más aditamentos y sin el consentimiento de titulares registrales de créditos anteriores o de su intervención como parte en el juicio, sólo permitiría alegar dicha preferencia a su titular a través de una tercería de mejor derecho con motivo de la ejecución del derecho de cualquier titular del asiento anterior, pero no para adelantarse en el rango, sino para obtener el cobro con preferencia a él en la ejecución; o bien para ejercitar la declaración de preferencia en cualquier otra vía, pero sin modificación del rango de derechos inscritos con anterioridad.
La doctrina anterior es ratificada por la Resolución de la DGRN de 23 de junio de 2014. [j 24]

En todo caso, debe advertirse que dicha preferencia alcanza únicamente a los créditos de la comunidad relativos a los gastos correspondientes a las cuotas que sean imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y los tres años anteriores.

De modo que no se aplicará esa primacía si existen otros débitos a favor de la Comunidad correspondientes a impagos de cuotas no comprendidas en el espacio temporal indicado.

Debe tenerse en cuenta que ordenada una anotación preventiva del carácter real, en resolución judicial firme, decretando la constancia de la preferencia de los créditos de la comunidad sobre los referidos en los apartados 3.º, 4.º y 5.º del artículo 1923 del Código Civil, para la práctica del asiento registral no se exige que se haya llamado a tal procedimiento a aquellos titulares de cargas intermedias que no resulten afectados por la posposición.

Consecuencias del impago
Ya se ha indicado que el adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, incluso con título inscrito en el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas por los anteriores titulares hasta el límite de los gastos que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la que tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales anteriores. El piso o local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación.

Por tanto, a fin de evitar la indefensión del adquirente, se requiere, por el artículo 9.1.e), LPH que:

En el instrumento público mediante el que se transmita, por cualquier título, la vivienda o local el transmitente, deberá declarar hallarse al corriente en el pago de los gastos generales de la comunidad de propietarios o expresar los que adeude. El transmitente deberá aportar en este momento certificación sobre el estado de deudas con la comunidad coincidente con su declaración, sin la cual no podrá autorizarse el otorgamiento del documento público, salvo que fuese expresamente exonerado de esta obligación por el adquirente. La certificación será emitida en el plazo máximo de siete días naturales desde su solicitud por quien ejerza las funciones de secretario, con el visto bueno del presidente, quienes responderán, en caso de culpa o negligencia, de la exactitud de los datos consignados en la misma y de los perjuicios causados por el retraso en su emisión.

La pensión de alimentos a favor de los hijos es una materia de gran trascendencia en los supuestos de crisis matrimonial; cabe destacar la pensión de alimentos a favor de los hijos menores de edad. Es una de las obligaciones de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico (STS de 8 de noviembre de 2012). 

Nota de actualidad
Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia establece un procedimiento especial y sumario para las demandas:

Que tengan por objeto solicitar la revisión de las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos.
Que pretendan el establecimiento o la revisión de la obligación de prestar alimentos, cuando dichas pretensiones tengan como fundamento haber variado sustancialmente las circunstancias económicas del pariente obligado a dicha prestación alimenticia como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.
Que tengan por objeto solicitar la revisión de las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos.
Notas generales sobre la pensión de alimentos
La obligación de los padres de alimentar a los hijos y contribuir a su formación, sustento y educación integral es una obligación inherente al ejercicio de la patria potestad ; así lo ordena el artículo 154 del Código Civil (CC), art. que ha sido redactado de nuevo por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria; por tanto, es obligación inexcusable.

El propio artículo 92 del Código Civil establece como norma de orden público que la separación, nulidad y divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos y el artículo 93 CC que el juez determinará, en todo caso, la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos.

Se trata, por tanto, de un deber conjunto que incumbe a ambos progenitores con carácter permanente e irrenunciable, impuesto "ex lege" y que siempre debe tener un contenido mínimo e indispensable para atender a las necesidades básicas de subsistencia del menor.

En particular, se entiende por alimentos todo lo indispensable para el sustento, habitación o vivienda, asistencia médica, además de educación e instrucción (artículo 142 del Código Civil) mientras sea menor de edad y aun después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable, manteniéndose la obligación de prestar alimentos a los hijos mayores de edad (artículo 93 CC) en los supuestos que más adelante se indicarán.

Las características esenciales de la obligación de alimentos de los hijos menores y de su regulación en el ámbito de las crisis familiares, como advierte la sentencia de la AP Pontevedra de 16 de diciembre de 2013, [j 2] son las siguientes:

1ª. Por su naturaleza, esta obligación legal es de orden público, en la medida que responde a un interés individual y social.

2ª. Es obligación de carácter imperativo y, por tanto, el juez puede acordarlos de oficio, así como su actualización, de acuerdo con artículo 93 CC.

3ª. Tratándose de hijos menores de edad, no es preciso acreditar la necesidad, sino que ésta se presume. Este carácter prioritario y esencial de la obligación de alimentos para los hijos menores de edad se revela en la excepción contemplada en el art. 608 LEC (por cierto, modificado por Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria ) respecto de las limitaciones del art. 607 al embargo de sueldos y pensiones. Asimismo, como reconocimiento de ese deber esencial, inherente a los deberes de patria potestad, los tribunales, aun en casos de minoración de recursos económicos, mantienen el deber de alimentos, aun a costa del sacrificio del progenitor, a fin de asegurar lo que se ha dado en llamar un "mínimo vital" o "de subsistencia".

4ª. Es deuda de valor, donde no rige el principio nominalista, por ello debe fijarse una cláusula de actualización.

5ª. Es indisponible, irrenunciable e intransmisible a terceros (artículo 151 CC); solo hay poder de disposición respecto de las pensiones atrasadas.

Se pueden distinguir diversos supuestos:

Mayoría de edad de los hijos:
En cuanto a la extinción de la pensión de alimentos, es criterio del TS que los alimentos a favor de los hijos no se extinguen por la mayoría de edad, sino que la obligación se extiende hasta que éstos alcanzan suficiencia económica, siempre y cuando la necesidad no haya sido creada por la conducta del propio hijo (STS 15 de julio de 2015). [j 17]

La conducta del hijo mayor de edad es determinante para que se extinga la pensión; en este sentido, la STS 95/2019, 14 de Febrero de 2019 [j 18] considera acertada la Sentencia de la Audiencia que fija un límite temporal de un año para la continuidad en la percepción de alimentos, entendiendo que ese es un plazo razonable para adaptarse el hijo a su nueva situación económica habida cuenta que su nulo rendimiento académico le hace acreedor a la extinción próxima de la pensión, de acuerdo con el art. 152.5 del C. Civil.

Asimismo, esta obligación se prolonga más allá de la mayoría de edad en los casos de un hijo discapacitado, señalando la STS de 7 de julio de 2014, [j 19] como doctrina jurisprudencial, que la situación de discapacidad de un hijo mayor de edad no determina por sí misma la extinción o la modificación de los alimentos que los padres deben prestarle en juicio matrimonial y deberán equipararse a los que se entregan a los menores mientras se mantenga la convivencia del hijo en el domicilio familiar y se carezca de recursos.

Carencia de ingresos: Ahora bien, en situaciones de absoluta carencia de ingresos del favorecido la más reciente doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ha sentado un criterio restrictivo de suspensión o cese temporal de la obligación de pago de la pensión, el cual será de carácter excepcional cuando se trate de menores de edad. En todo caso, establece el artículo 152 CC que el parámetro que debe tomarse en consideración para decidir la suspensión o cese de esta obligación del alimentante es la imposibilidad de prestar dicha pensión sin desatender sus propias necesidades elementales, sin perjuicio de que una vez mejore de fortuna y tenga medios suficientes se reestablezca la misma.
Cabe precisar que en situaciones de dificultad económica lo normal será fijar siempre un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor (denominado mínimo vital), y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una gran sacrificio del progenitor alimentante (STS de 2 de marzo de 2015). [j 20]

Situación especial de pobreza absoluta: la obligación de prestar la pensión de alimentos cesa, como dice la Sentencia nº 184/2016 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 18 de marzo 2016, [j 21] cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerla sin desatender sus propias necesidades y las de su familia. El escenario de pobreza absoluta exige desarrollar acciones para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional expresado en el artículo 39 CE y que permita proveer a los hijos de las presentes y futuras necesidades alimenticias.
Ingreso en prisión: Señala la STS de 14 octubre 2014, [j 22] como doctrina jurisprudencial, que la obligación de pagar alimentos a los hijos menores no se extingue por el solo hecho de haber ingresado en prisión el progenitor que debe prestarlos si al tiempo no se acredita la falta de ingresos o de recursos para poder hacerlos efectivos.
Se reitera en la Sentencia nº 752/2016 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 22 de Diciembre de 2016. [j 23]

Situación del que percibe la pensión si tiene pareja.
Se trata de determinar qué impacto puede tener en la pensión de alimentos el hecho de la ocupación y uso de la vivienda familiar por el cónyuge que la percibe, cuan o pasa a tener pareja de hecho conviviente en el que fue domicilio familiar. Para el TS. que la obligación de pago deba reducirse en razón a la entrada en escena de un tercero que necesariamente debe contribuir a estos gastos, estando como está integrada la vivienda en el concepto de alimentos, es una argumentación que ni es irracional ni menos aún absurda para tener que sustituirla en casación. (Sentencia nº 33/2017 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 19 de Enero de 2017). [j 24]