El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, avanzaron, el pasado 21 de febrero, en el desarrollo del sistema que permitirá agilizar las demandas de los ciudadanos que opten por la vía judicial para presentar sus reclamaciones en materia de cláusulas suelo. Desde ambas instituciones se ha subrayado el compromiso de las administraciones competentes con la provisión de los medios humanos y materiales necesarios para reforzar los juzgados y atender las demandas ciudadanas en un tiempo razonable.
La solución adoptada consiste en atribuir, en el marco que permite el artículo 98.2 de la LOPJ, a uno o varios juzgados de 1ª instancia, a nivel provincial, el conocimiento de los asuntos en materia de cláusulas suelo, dotándolos con jueces de adscripción territorial o jueces en comisiones de servicio en el número que se precise en cada momento a fin de no dilatar la actividad ordinaria en la Jurisdicción Civil.
El Consejo General del Poder Judicial está contemplando también la posibilidad de ampliar el ámbito competencial de este tipo de juzgados a otras materias relacionadas con contratos de financiación con garantía hipotecaria y que daría respuesta a reclamaciones formuladas no sólo en materia de cláusulas suelo, sino también en materia de nulidad de cláusulas de vencimiento anticipado, intereses de demora, gastos del contrato de financiación y multidivisa.
El ministro ha señalado que se trata de establecer un sistema resolutivo que se adaptará a cada circunscripción provincial atendiendo a la disponibilidad de sus órganos judiciales, su carga de trabajo y los recursos humanos y materiales que se demanden.
Desde el Ministerio de Justicia se ha incidido en la necesidad de contar con datos estadísticos que permitan conocer, en cada momento, el estado de situación de cada juzgado para agilizar la toma de decisiones.
Por parte del Consejo General del Poder Judicial, se está trabajando en un plan de formación orientado a la capacitación y especialización de los jueces a quienes se les asigne el conocimiento de estos asuntos que combinará la formación online con tutorías y jornadas informativas presenciales.