El procedimiento administrativo regula cómo la Administración toma decisiones sobre los derechos e intereses de los ciudadanos.
Las fases principales son la iniciación, la instrucción, la resolución y, si es desfavorable, los recursos. Los plazos son perentorios: perder uno puede suponer perder el derecho a recurrir.
La Administración actúa con presunción de legalidad, pero tiene límites: si vulnera el procedimiento, la proporcionalidad o sus derechos fundamentales, sus decisiones pueden anularse. ¿Es este su caso? Llámenos y consulte su caso con los abogados de Ana Antelo Espasandín.